Zona Cero conoció en primicia que el Rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares, decidió suspender por fuerza mayor el contrato de más de 200 empleados que, según él, estaban “recibiendo salarios, mientras están en su casa sin hacer nada”.

Dentro de este grupo había miembros del staff del equipo de fútbol de la universidad, el cual fue vendido en 2015, durante el polémico mandato de Ramsés Vargas Lamadrid, investigado por presuntas irregularidades en el manejo de la Alma Máter.

Sin embargo, dentro de esa decisión que, Molinares “considera compleja, pero decente y coherente”, el directivo reveló detalles que lo llevaron a tomar tal medida, la cual fue notificada a los Ministerios de Trabajo y Educación, y “es una figura avalada por el Código Sustantivo del Trabajo y por la legislación Covid del Gobierno Nacional”.

“Estaban recibiendo un salario sin trabajar, incluso antes de la pandemia”, puntualizó el Rector.

“El equipo de fútbol lo vendieron y estaban empleados entrenadores, médicos deportólogos, psicólogos, fisioterapeutas, kinesiólogos asignados a un equipo que no existe. No tenemos equipo y les seguíamos pagando salarios”, agregó Molinares en diálogo con Zona Cero.

Denunció, además, que tenían empleados a mecánicos y “solo sirve un carro”. Recordemos que el anterior rector -Ramsés Vargas Lamadrid- se movilizaba en cuatro camionetas, algo que era de conocimiento público. 

“También hay aseadoras que no están trabajando. Cualquier cantidad de conductores y de cuerpo de seguridad que venían recibiendo salario. Chefs que le cocinaban al cuerpo administrativo”, manifestó el alto directivo. 

Para Mauricio Molinares, esta medida de suspender el contrato de más de 200 trabajadores “seria y coherente”. “800 millones de pesos se está ahorrando una institución que no tiene flujo de caja con esta decisión”, enfatizó el rector de la Universidad Autónoma del Caribe.

La decisión fue tomada para poder mantener a flote a la Universidad y evitar su parálisis por falta de pagos a docentes y administrativos que sí cumplen funciones.

El rector informó que la Alma Máter contrató los servicios jurídicos del abogado Víctor Julio Díaz Daza, con quien van a revisar toda la planta universitaria. 

Por último, el directivo expresó que necesitan “interactuar con un sindicato sensato, que sea coherente con la realidad económica de la Universidad”. 

“Mientras existan propósitos desmedidos, la Universidad no podrá sumar en sus finanzas, por el contrario seguirá restando. Desde la Alta Dirección no permitiré que se pierda la confianza de la región por este tipo de conductas desproporcionadas”, finalizó.